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Por: María Jaramillo Alanís

Los juicios para recuperar o cobrar las propiedades que hoy ocupa el Puerto Industrial de Altamira y los terrenos del Ejido La Escondida, en Reynosa, siguen un proceso jurídico a pesar de la desaparición de Diego Fernández de Cevallos.

El Procurador General de la República en tiempos del presidente Ernesto Zedillo Ponce de León y socio del despacho de Diego Fernández de Cevallos, Antonio Lozano Gracia, dijo que el secuestro de “El Jefe” Diego no detiene los procesos judiciales a que están sujetos los predios de Altamira y Reynosa.

Lozano Gracia respondió los cuestionamientos de buena gana.

- ¿Los casos de Altamira y de La Escondida, de Reynosa, siguen caminando sin la presencia de Diego Fernández de Cevallos?

- No podemos comentar porque tenemos el impedimento del secreto profesional. Lo que podemos decir es que hemos tenido la confianza de los ejidatarios y seguimos defendiendo sus intereses.

- ¿Hay un fallo definitorio en el caso de Altamira?

- Estamos en el proceso, no tenemos la certeza. Como pasa en este tipo de asuntos hay plazos más o menos y esperamos ver pronto la conclusión.

- Abogado, el pasado 5 de junio de 2010 los magistrados del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Distrito con sede en Reynosa resolvieron el pago de 28 millones 85 mil 226 pesos por concepto de indemnización, fallo que obligaba al Gobierno de Tamaulipas a pagar a habitantes del ejido La Escondida, de Reynosa al despacho de Fernández de Cevallos….

- No, de ese asunto no tenemos conocimiento. Pero en ambos casos, de Reynosa y Altamira, seguimos el proceso judicial que como le digo, tiene plazos que se deben cumplir.

- Sobre el tema de la inseguridad, usted que fue Procurador General de la República nos puede decir hacia dónde camina el país con secuestros como el de Diego Fernández de Cevallos.

- Yo creo que es evidente que hay una situación grave en el país, me parece que el señor Presidente está haciendo un esfuerzo muy claro y entiendo que la sociedad se esté organizando. El día de mañana conoceremos el esfuerzo de la sociedad neoleonesa para participar no sólo a través de la denuncia sino activamente en los procesos.

Lozano Gracia añadió que “será importante que la sociedad en general, la de cada estado y nacional, tengamos conciencia de que esto no se puede resolver (la inseguridad) si no participan todos. Mañana hay una firma entre sociedad y gobierno, concretamente con el gobernador de Nuevo León, y entiendo que los grupos sociales están muy entusiasmados en este esquema. Creo que es una de las salidas; la sociedad ya tomó conciencia de la grave situación que vive el país y sólo con su participación se puede revertir”.

- Durante sexenios hemos visto pactos, campañas contra el narcotráfico y la delincuencia organizada… en este momento pareciera que estamos al borde de la ingobernabilidad, hay más de 28 mil muertos y el presidente Felipe Calderón Hinojosa augura que puede haber más ¿Será más de lo mismo?

- Si, efectivamente, estos pactos que usted señala que se han intentado en el pasado, son un antecedente que nos debe de servir positivamente. Es decir, qué fue lo que no funcionó en ese pacto, qué fue lo que no se hizo correctamente, porqué no se le dio seguimiento, por qué no se corrigieron las fallas. Sí volteamos al mundo, vemos ciudades o países que han estado inmersos en niveles de violencia como ahorita estamos padeciendo en México, hay también experiencias positivas.

Subrayó Lozano Gracia:

-Lo único que no podemos hacer es conformarnos o pensar que esto ya no tiene remedio. Tenemos que seguir intentándolo y ese camino es el adecuado porque ha dado resultados positivos en otro lado y porque debiera darse aquí.

El ex Procurador General de la República dijo además que los mexicanos han tenido, en muchas áreas, éxitos importantes en materia de instituciones eficaces.

- Le comento una: en las instituciones democráticas hemos avanzado de una manera muy importante en el país. En 1988 teníamos una realidad desastrosa en términos electorales y ahora vivimos algo totalmente distinto, somos capaces los mexicanos de construir instituciones sólidas.

- Con todos los éxitos que usted menciona, la inseguridad sigue…

-Si. El problema que más nos agobia hoy en día es la inseguridad y la violencia, pero los mexicanos somos capaces de revertir eso. Hay que organizarnos y llegar al punto en que sepamos que ya no estamos sujetos a debates y a que políticos saquen ventaja, la seguridad de cada persona, de cada familia, está en riesgo. Por ello, si bien es cierto que se han hecho intentos frustrados, ahora más que nunca -porque estamos en una situación limite- debiéramos tomar medidas extraordinarias.

La propiedad que litiga el despacho de Diego Fernández de Cevallos y Antonio Lozano Gracia abarca 9 mil 595 hectáreas, donde se asienta el Puerto Industrial de Altamira (API), predio que fue expropiado a los ejidatarios hace 28 años.

El 5 de noviembre de 2008 el Primer Tribunal Colegiado Administrativo y Civil con sede en Tamaulipas otorgó un fallo judicial en donde se daba por ganadores al despacho de Diego Fernández de Cevallos y de Antonio Lozano Gracia. La resolución obligaba a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) a devolver a ejidatarios los terrenos de la zona expropiados, o en su caso el pago de mil 500 millones de pesos.

Sin embargo el pasado 11 de febrero del año en curso, el Gobierno Federal publicó en el Diario Oficial de la Federación los decretos que refrendaban la causa de utilidad pública de las expropiaciones, ocurridas en 1981 y 1982, de dos ejidos en los que se construyó el puerto industrial de Altamira, Tamaulipas.

Antonio Lozano Gracia fue Procurador General de la República en el sexenio de Ernesto Zedillo, y cubrió una ruta del 1 de diciembre de 1994 al 2 de diciembre de 1996, fecha en que dejó la PGR.